Las buenas intenciones y la dura realidad

Previsiblemente la crisis económica nos recordará de nuevo que los recursos son limitados también en el ámbito de las políticas sociales. A menudo se toman decisiones que afectan seriamente al gasto futuro y que olvidan las implicaciones de todo orden que tienen. El final de una legislatura permite a unos liberarse de dar explicaciones y permite a otros cargar las culpas a los anteriores. Los ciudadanos siguen siendo los mismos a pesar de los cambios de legislatura y por tanto pagan impuestos y tienen necesidades que algunas son satisfechas y otras no tanto.
Respecto a la asistencia sanitaria pública, antes de financiar una nueva prestación debería preguntarse si en primer lugar es efectiva. Si puede alcanzar aquello que pretende y en la medida que diferentes prestaciones “compiten” para satisfacer una necesidad, decidir socialmente la cobertura solo de aquella que muestra una efectividad contrastada. Todo esto sería relativamente sencillo si la información fuera fiable. La segunda cuestión sería revisar su coste y comparar el coste-efectividad de la prestación en relación a las opciones rivales.
A pesar de que los criterios anteriores parezcan de sentido común, la estrategia más exitosa del momento de la industria farmacéutica es iniciar un registro de un medicamento para una indicación y después extenderlo a otras que en algunos casos muestran coste-efectividad dudoso. Si un medicamento ya se ha incorporado a las prestaciones públicas, la dificultad de velar para que se utilice en las indicaciones adecuadas es extraordinaria.
Es el caso por ejemplo de la noticia de hoy, cuando Zeltia quiere extender la indicación de Yondelis al cáncer de ovario. En el caso que fuera cierta la efectividad, tendría que ser necesario evaluarlo de nuevo, pero esto no pasa nunca. Una vez ha entrado la prestación en el catálogo se utiliza para todas las indicaciones sin contrastar su coste-efectividad.
Al mismo tiempo hay una vertiente menos explícita y que representa una ventaja competitiva desleal respecto a los innovadores convencionales. Por ejemplo, Yondelis se ha registrado como medicamento para enfermedades raras, que afecten a menos de 5 de cada 10.000 europeos.
Con esto puede tener exclusividad en el mercado de 10 años después de la autorización de comercialización, una protección mayor que la habitual de las patentes. Si se extiende a otras indicaciones, esta exclusividad no debería de ser aplicable. Desafortunadamente esto tampoco es posible hacerlo cumplir.
Vista toda la situación, una estrategia clave para la industria es registrar todos los medicamentos como huérfanos y después explicar que tienen indicaciones para la población general. Es una forma de blindar el mercado y crear monopolios antinaturales. Alguien debería preguntarse si eso es lo que queremos como ciudadanos o bien que los recursos provenientes de nuestros impuestos se utilicen con cuidado y por tanto, alcanzando el máximo valor. El criterio coste-efectividad debería un referente para toda indicación sea del medicamento que sea, huérfano o no.

Mientras tanto, el anuncio de la agencia británica NICE de no admitir determinados medicamentos existentes para la indicación de cáncer de riñón avanzado puede ser un nuevo ejemplo de controversia regulatoria. Los medicamentos ya están en el mercado, ¿quién velará para que no se dispensen a 1700 británicos que tienen la enfermedad?. Si los recursos son limitados, las decisiones que es necesario tomar deben ser aplicables. Las buenas intenciones son insuficientes ante la dura realidad del momento.